Ashet - Asier Gomez Barrenetxea 

El sistema de la Seguridad Social constituye uno de los ejes fundamentales de las políticas de bienestar social, dirigidas a mantener y mejorar el nivel de vida de los ciudadanos, así como a evitar situaciones de necesidad. En este sentido, nuestro sistema de Seguridad Social se basa en un modelo de reparto y en la solidaridad intergeneracional: hay una relación directa entre el número de personas activas en el mercado laboral, su nivel salarial y su cotización y el número de personas beneficiarias, de pensionistas.

Durante los últimos años estamos inmersos en el debate sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones. Es un debate abierto no sólo en Euskal Herria, sino en toda Europa. Según el Informe del Comité de Política Económica de la UE, se prevé que para 2050 la población en edad de trabajar se habrá reducido en un 20%, de los 246 millones de trabajadores de 2000 a 203 millones en 2050. Por el contrario, habrá crecido el número de mayores de 65 años: de 61 millones en 2000 a 103 millones en 2050.

La CAPV, lógicamente, no es ajena a esta evolución demográfica. Todos los escenarios previstos, incluso los más optimistas, muestran la modificación de la estructura poblacional. De hecho, si en 1995 los mayores de 65 años representaban un 15% de la población de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, en 2025 el porcentaje rondará el 25% y en 2050 superará, en las hipótesis más favorables, el 35%. Este debate sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones ha irrumpido en Euskadi cuando todavía existe riesgo de pobreza y precariedad, y de modo muy particular en el colectivo de pensionistas. Los datos confirman esta afirmación: si bien la pensión mensual media en 2007 era de 850 euros (679 en el Estado), una parte importante de este colectivo aún tiene unos ingresos mensuales inferiores a esa cuantía:

-El 26,87% cobra una pensión de viudedad, cuya cuantía media asciende a 596 euros mensuales (500 en el Estado).

-La pensión media del régimen de autónomos es de 584 euros (499 euros en España).

-La pensión media del régimen de las empleadas del hogar no pasa de 426 euros (424 en el Estado) y la del régimen agrario es de 417 euros (446).

Los datos evidencian que las pensiones en la CAPV son superiores a las del Estado, pero hay que considerar que también es mayor la aportación por cotizaciones de los trabajadores vascos, ya que los niveles salariales son superiores. La CAPV aporta el 7,42% de lo que recauda el Estado a través de las cuotas a la Seguridad Social, y eso que, en cuanto al porcentaje de población ocupada, significa sólo el 4,85% del total estatal. De igual manera, también está por debajo del 7,42% -en concreto es del 7,1%- el porcentaje relativo al importe de las pensiones en la CAPV.

Por otra parte, tampoco podemos obviar que existen importantes colectivos de pensionistas con ingresos mensuales inferiores al Salario Mínimo (570 euros). Sus prestaciones están por debajo del umbral de pobreza, en contra de la propia razón de ser de la Seguridad Social.

A la vista está, y así lo creemos en Eusko Alkartasuna, que estamos ante una cuestión lo suficientemente sensible como para que sea tratada con el rigor que requiere. Cualquier análisis, periodístico o de otro tipo, que pretenda profundizar mínimamente en el tema no puede estar basado en cifras parciales, sino que debe tomar el sistema en su conjunto, algo que eché en falta en la información de este diario del domingo 20 de abril sobre el sistema de pensiones en Euskadi. Esa información, ese análisis no contemplaba algo tan fundamental como es el efecto de las mutuas de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y contingencias comunes integradas en el sistema. Pero es que, además, en el lado de los ingresos no tomaba en consideración otros ingresos como son los provenientes de las transferencias de capital, los patrimoniales, las transferencias corrientes y otros ingresos menores. Como tampoco contemplaba, en el apartado del gasto, los corrientes y de personal.

En cualquier caso, si aceptamos como criterio de análisis el empleado en ese artículo, es decir, si comparamos lo recaudado en concepto de cuotas a la Seguridad Social y el total de las prestaciones, lo que reciben los pensionistas, en 2006, último año del que tenemos datos oficiales (memoria publicada recientemente por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales), el resultado es un superávit de 99.000 euros.

El cálculo, basado en la metodología que ha venido empleando el Consejo Económico y Social Vasco (CES), no deja lugar a dudas: las cuotas a la Tesorería General de la Seguridad Social suman 5.160.000 euros y las cuotas a las mutuas por accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y contingencias comunes, 584.000 euros. En total, tenemos una recaudación íntegra de 5.744.000 euros frente a un gasto en prestaciones que supone 5.645.000 euros. El resultado, por tanto, es un superávit de 99.000 euros.

Y también son positivos los cálculos, realizados según esa misma metodología, referentes a los ejercicios de 2002, con un superávit de 326.000 euros; 2003 (+326.000 euros), 2004 (+245.000 euros) y 2005 (+186.000 euros).

Además, para acabar de analizar el conjunto de la Tesorería General de la Seguridad Social, podemos introducir el examen de los flujos financieros del Inem, que en el caso de la CAPV da un superávit de 418.000 euros para 2002, 429.000 para 2003, 427.000 para 2004 y 451.000 para 2005.

Las cifras demuestran que un sistema vasco de pensiones es perfectamente viable y sostenible. No cabe introducir elementos de distorsión que pueden generar preocupación entre los pensionistas. Precisamente porque también en EA nos preocupa la sostenibilidad del sistema de pensiones, su nivel de cobertura y futuro, creemos que es importante centrar el debate en sus justos términos y lamentamos que haya responsables políticos interesados en alarmar a la opinión pública vasca utilizando para ello un tema tan sensible. Hablan de incremento del déficit en el sistema de pensiones e intentan transmitir a la sociedad la falsa idea de crisis en dicho sistema, e incluso ligan esta tesis, sin aportar prueba alguna de esa supuesta relación, al peligro imaginario de transferir la Seguridad Social a las instituciones vascas. Y entretanto en otros ámbitos de decisión no dudan en plantear ajustes en el sistema de pensiones, incluso la reducción de los derechos sociales, argumentando para ello la necesidad de racionalizar el sistema debido al envejecimiento de la población.

Frente a esos planteamientos, en EA constatamos que la negativa constante a transferir las competencias en materia de la Seguridad Social, vulnerando los preceptos legales del Estatuto de Gernika, posibilita que todavía hoy, debido a la política de caja única, existan situaciones de desprotección que responden a un deseo de homogeneizar las políticas sociales en todo el Estado. Sin embargo, el sistema de pensiones debe ser coherente y estar amoldarse a los diferentes niveles de renta y de bienestar que se dan en las distintas comunidades autónomas.

Unai Ziarreta, Presidente de Eusko Alkartasuna

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